El Tribunal Constitucional anula la condena de los miembros de Pannagh

Cannabis España Los miembros de la asociación Pannagh condenados por el Tribunal Supremo han visto cómo el Tribunal Constitucional español les da la razón y anula su condena. El proceso judicial de más de seis años, con numerosas irregularidades, parece acercarse a su final.


Tras más de seis años de proceso judicial, el Tribunal Constitucional de España ha anulado la sentencia contra la asociación Pannagh. Ahora el caso vuelve al Supremo, que seguramente decidirá la absolución. Sin embargo, muchas cuestiones planteadas en el recurso han quedado sin resolver y, sobre todo, el modelo de los Clubes Sociales de Cannabis se criminaliza aún más sin que se aclaren los límites del cultivo colectivo de cannabis.

El pasado 28 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) español anuló la sentencia impuesta en 2016 por el Tribunal Supremo (TS) contra cuatro miembros de la asociación Pannagh, entre ellos yo mismo. El TC estima parcialmente nuestro recurso y considera que en la sentencia condenatoria se produjo una “vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho de defensa en relación con el conocimiento que los acusados tenían o debían tener sobre el carácter prohibido de su conducta”. Es decir, el TS debía habernos dado ocasión de declarar y responder a las preguntas de acusación y defensa antes de decidir si sabíamos que lo que hacíamos era un delito o no, y si hicimos lo suficiente para salir de dudas, cuestiones que no se plantearon explícitamente durante el juicio.

El juicio tuvo lugar a comienzos de 2015 en la Audiencia Provincial de Bizkaia, más de tres años después de que la Policía Municipal de Bilbao entrara en el local de Pannagh y detuviera a los tres trabajadores que nos encontrábamos dentro. Comenzó así un proceso judicial que aún no se ha cerrado, ya que la anulación de la condena del Supremo significa que este tribunal debe ahora dictar una nueva sentencia. En el juicio, las cinco personas acusadas fuimos absueltas de los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita de los que se nos acusaba por las actividades de cultivo y dispensación de cannabis de la asociación. La Audiencia consideró que Pannagh funcionaba correctamente, que nuestras actividades no tenían ánimo de lucro, y que nunca se dispensó cannabis a nadie que no fuera miembro de la asociación, en la que había lista de espera para hacerse socio. Todo ello encajaba, según la sentencia, dentro de los límites del llamado “consumo compartido”.

El Supremo, sin embargo, no tuvo ese mismo criterio. En la sentencia 484/2017, sobre la asociación Ebers de Bilbao, estableció que “el cultivo y distribución organizada, institucionalizada y con vocación de persistencia en el tiempo de cannabis entre un colectivo integrado por 290 personas componentes de una Asociación y abierto a nuevas incorporaciones colma las exigencias típicas del art. 368 CP”, es decir, que lo que hacíamos y aún hacen en muchos Clubes Sociales de Cannabis en España es un delito. La sentencia sobre nuestro caso se limitó a repetir lo mismo.

Hasta ese momento no estaba claro el límite hasta donde podían llegar las actividades de los CSC, y la gran mayoría de resoluciones judiciales eran favorables a la posibilidad de cultivar cannabis en circuito cerrado en el marco de una asociación. En la propia Pannagh fuimos protagonistas de una de los casos más sonados, cuando la Audiencia Provincial archivó en 2006 un caso abierto en nuestra contra y nos acabaron devolviendo más de 17 kg de marihuana, un suceso sin precedentes que provocó un auge espectacular de los clubes cannábicos. La historia posterior es conocida: Cientos de asociaciones abrieron sus puertas y varios parlamentos autonómicos iniciaron procesos para regular las asociaciones cannábicas y, en algún caso, el autocultivo.

El Tribunal Constitucional anula la condena de los miembros de Pannagh
Parte de la cosecha 2011 al comienzo de la floración. La policía se la llevó y aún no hemos conseguido recuperarla.

Cortando las alas a los clubes

El gobierno del Partido Popular, alarmado por la situación, decidió tomar cartas en el asunto. Como el problema parecía consistir en que los tribunales de rango inferior eran tolerantes con las asociaciones, el gobierno encontró la manera de conseguir que estos casos llegaran hasta el Supremo, donde sin duda esperaba encontrar partidarios de sus tesis represivas, como así ha acabado sucediendo.

El quid de la cuestión consiste en que los casos en los que la pena que solicita la acusación sea inferior a cinco años se juzgan en los Juzgados de lo Penal, y los recursos contra la sentencia se resuelven en las Audiencias Provinciales. Si la pena es mayor de cinco años, el juicio se celebra directamente en la Audiencia Provincial y los recursos van al Supremo, cosa que no sucedía desde 1997 (el caso ARSEC) y que, tras las reformas del Código Penal, no podía volver a suceder si la acusación era solo de tráfico de cannabis. Así que en 2013 la Fiscalía General del Estado, que depende directamente del Gobierno, envió la Instrucción 2/2013 a todas las fiscalías para que se acusara a los miembros de asociaciones cannábicas no solo de tráfico de drogas, sino también de asociación ilícita, con lo que se superaban los cinco años de petición de pena.

Con aquella pértiga se podía saltar al siguiente nivel y así se aseguraba que, si la Audiencia Provincial absolvía (como en nuestro caso), la fiscalía pudiera llevar el caso al Supremo. Y así, una tras otra, varias asociaciones hemos sido objeto del mismo tratamiento, de manera que ya son varios casos los resueltos por el Supremo, todos en el mismo sentido: Las asociaciones no pueden cultivar cannabis sin cometer delito, con excepción de algunos supuestos de cultivo en grupo reducido que no llegan a aclarar. En base a estas sentencias, cada vez más asociaciones de toda España van siendo intervenidas y en muchas ciudades, como ya sucede en Bilbao, es prácticamente imposible encontrar una asociación, ya que las pocas que sobreviven lo hacen en la semi-clandestinidad.

Lo que ha provocado la anulación de nuestra condena, como sucedió en el “caso Ebers” y seguramente sucederá en el del club catalán Three Monkeys, es que el Tribunal Supremo decidió introducir un nuevo elemento, que podía favorecer a los acusados: La existencia de error. El TS se planteó que, tal vez, los condenados en estos casos tuviéramos motivos para pensar que lo que hacíamos –cultivar marihuana para una asociación- era legal. Y sí, podíamos tener motivos, pero a la vez el tribunal concluía que no habíamos hecho lo suficiente para averiguar que no era así. Por eso nos condenaba, pero rebajando un grado la pena. El problema es que todo ese razonamiento sobre lo que creíamos lo hizo sin preguntar a los interesados, que es por lo que el TC anula ahora la condena.

El Tribunal Constitucional anula la condena de los miembros de Pannagh
La cosecha 2005 de Pannagh, camino al secadero. Días después sería incautada.

Sentencia positiva, pero frustrante

La sentencia supone una victoria importante: Si ya es difícil que el Tribunal Constitucional admita a trámite un recurso, que te den la razón es como que te toque la lotería. Pero, a la vez, resulta frustrante. Para empezar, parte de nuestro recurso se basaba en que los miembros de Pannagh, a diferencia de los casos de Ebers, Three Monkeys y otras asociaciones que han pasado por el Supremo, nos basábamos en nuestros propios antecedentes judiciales positivos para pensar que lo que hacíamos era legal. No es que lo hubiéramos leído en la prensa, nos pasó a nosotros mismos. Esto lo ignoró el Supremo e, increíblemente, también lo ignora el Constitucional. El TS hizo “copia y pega” de la sentencia de Ebers y, cuando lo denunciamos en el recurso, ¡el TC hace lo mismo!

Por otra parte, cuando admitió a trámite el recurso, el Tribunal Constitucional declaró que “el asunto planteado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica”. Esto pasa muy pocas veces, en no más de uno o dos casos al año, y suele significar que el tribunal quiere aprovechar para resolver con especial cuidado algún tema legal especialmente espinoso. Ni el recurso de Ebers ni el de Three Monkeys tenían esta calificación y por eso habíamos pensado que, al tratarse Pannagh de un referente que había servido de modelo a muchos CSC, nuestra sentencia fuera más extensa y trabajada, y que aclararía mejor la cuestión del cultivo compartido. Nada de eso. De los quince motivos que alegamos en su día para fundamentar el recurso, solo se han tomado en cuenta dos. La sentencia no aporta nada realmente nuevo y se limita a repetir lo conocido: Que el Supremo, al criminalizar la actividad de los clubes, no ha cometido ninguna ilegalidad. Y que, por tanto, quien siga adelante con la actividad de cultivo y/o dispensación de cannabis en una asociación con cientos o miles de miembros en España puede acabar en la cárcel.

El Tribunal Constitucional anula la condena de los miembros de Pannagh
La cosecha 2005, tras ser incautada y devuelta, llega por fin al local de Pannagh en 2007.

Esperando el final

Ahora falta que el Tribunal Supremo se pronuncie, ya que debe dictar una nueva sentencia en coherencia con la decisión del Constitucional. Como ya explicamos en su día, tras ser anulada su condena por el TC por los mismos motivos que la nuestra, los miembros de la asociación Ebers de Bilbao fueron absueltos dos meses más tarde por el Tribunal Supremo. Dicen los magistrados que “carecemos, sin haber presenciado la prueba ni haber oído directamente a los acusados, de facultades para descartar que ese error pudiera ser invencible. Nos vemos abocados por ello a una decisión absolutoria”. Tampoco se puede devolver el caso a la Audiencia de Bizkaia, que fue quien absolvió a los acusados, ya que estas cuestiones no se plantearon en el juicio y, por tanto, la Audiencia carece de elementos para decidir sobre esta cuestión. Así que lo razonable es esperar que en nuestro caso decidan lo mismo y acabemos absueltos.

Mientras tanto, Pannagh permanece cerrada y sin actividad desde aquel ya lejano día de noviembre de 2011, y los socios y socias han tenido desde entonces que arreglárselas para poderse abastecer de cannabis, que en la mitad de los casos consumían con fines terapéuticos. En un primer momento, algunos socios encontraron acogida en otras asociaciones cercanas, pero como muchas de ellas han tenido que cerrar por problemas legales, la mayoría han tenido que volver al mercado ilícito. Este es el triste resultado de la criminalización de las asociaciones: Quienes salen ganando son las mismas redes de tráfico ilícito que los tribunales deberían ayudar a eliminar.

Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a nuestra defensa por su excelente trabajo, especialmente a Héctor Brotons y al resto del equipo del estudio jurídico Brotsanbert, que se han volcado con generosidad para presentar el recurso. Tampoco quiero olvidarme de Rafael Agulló, que colaboró en el recurso, ni de Mª José Carrera, nuestra abogada de toda la vida, que se encargó de la defensa durante la instrucción, el juicio y el recurso al Supremo, y a la que seguramente deberemos recurrir para acabar de desenrollar los últimos hilos de esta madeja cuyo extremo, tras todos estos años, ya parece estar cerca.

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